Contratos mercantiles: lo que no se pacta, se discute en juicio.

La acción personal para exigir el cumplimiento de un contrato prescribe a los cinco años desde que la deuda es exigible, plazo que se interrumpe con un requerimiento fehaciente —burofax o comunicación que acredite la recepción—, con una reclamación extrajudicial o con la presentación de la demanda. Recomendamos burofax con acuse: corta la prescripción, deja prueba del importe reclamado y muchas veces evita el procedimiento judicial.

No solo sirve: para la mayoría de reclamaciones civiles y mercantiles es obligatorio desde la reforma procesal de 2025. La negociación previa (MASC) es un requisito de procedibilidad, así que hay que intentarla y documentarla: si no se acredita, el juzgado puede no admitir la demanda. Además, un acuerdo firmado en mediación o en conciliación es título ejecutivo y cobra mucho más rápido que una sentencia.

Objeto y alcance del servicio, precio y forma de pago con intereses de demora, plazo y condiciones de prórroga, responsabilidad con sus límites, indemnizaciones, protección de datos cuando hay datos personales de por medio, confidencialidad, causas de resolución y foro competente. En contratos con consumidores se añaden las condiciones generales y el control de transparencia. Un buen contrato no es el más largo, sino el que deja claro qué pasa si algo falla.

Sí, siempre que se pruebe el daño y su relación con el incumplimiento. Se pueden reclamar los daños efectivos (el perjuicio causado) y el lucro cesante (lo que se dejó de ganar), además de los intereses. Si el contrato incluye cláusula penal, hay que elegir: reclamar la pena pactada o exigir el daño probado más los intereses, salvo que la propia cláusula prevea otra cosa. Es una decisión con impacto económico y conviene calcularla antes de presentar la demanda.

Comunicarlo por escrito lo antes posible y, en compraventas mercantiles, dentro del plazo pactado o, en su defecto, en los treinta días siguientes a la entrega: si se deja pasar, se presume que la mercancía fue aceptada y la reclamación se debilita mucho. Conviene dejar constancia del estado del género, no manipularlo y, si el defecto es relevante, pedir peritaje. A partir de ahí, la vía es exigir la reparación, la sustitución o la resolución con devolución del precio.

Sí. Entre empresas el contrato existe desde que hay consentimiento sobre el objeto y la causa, y un intercambio de correos, un presupuesto aceptado o unos pedidos confirmados pueden probarlo. El problema no es la validez, sino la prueba: sin firma ni documento único, lo que se discute en juicio es qué se pactó exactamente. Cuando el importe o el riesgo lo justifica, redactamos un contrato único con las condiciones completas y, si conviene, con firma electrónica cualificada.