Frente a la Administración, no estás solo: tienes derechos y plazos.

Depende de si el acto agota o no la vía administrativa. Si no la agota, procede el recurso de alzada; si la agota, cabe el recurso potestativo de reposición y, agotada la vía administrativa, el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. También existe el recurso extraordinario de revisión para supuestos tasados (errores de hecho, documentos nuevos, prevaricación). Estudiamos cada resolución y te indicamos el recurso correcto para no perder plazos.

Con carácter general, el plazo para interponer el recurso de alzada o el de reposición es de un mes desde la notificación. El recurso extraordinario de revisión tiene un plazo de tres meses. Transcurridos los plazos sin recurrir, la resolución adquiere firmeza, por lo que es fundamental actuar con rapidez en cuanto recibes la notificación.

Se produce el silencio administrativo. En los recursos de alzada y reposición, si transcurren tres meses sin resolución expresa, el recurso se entiende desestimado (silencio negativo), lo que permite acudir a la vía contencioso-administrativa. Hay supuestos en los que la ley atribuye silencio positivo, es decir, que la solicitud se entiende estimada.

No. Todo procedimiento sancionador debe respetar el derecho de defensa: se te debe notificar el acuerdo de incoación, concederte trámite de alegaciones y audiencia antes de la resolución y permitirte proponer pruebas. Cuando estos trámites se omiten, la sanción puede anularse por indefensión. También cabe alegar la caducidad del procedimiento si la Administración supera el plazo máximo sin resolver.

En la mayoría de los casos sí: contra los actos de las administraciones públicas hay que interponer primero los recursos administrativos procedentes y solo después, en el plazo de dos meses desde la notificación o desde el silencio, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Existen excepciones (por ejemplo, la vía penal o ciertas materias con regulación especial), que analizamos caso por caso.

Sí. Cuando el funcionamiento de un servicio público causa un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado (una actuación incorrecta de un organismo, un retraso, un accidente por deficiencias de mantenimiento...), cabe reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración. El plazo general es de un año desde que se produjo el hecho o se manifestó su alcance.