Abogado de extranjería y nacionalidad en Lucena.

El plazo legal general es de 10 años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, aunque se reduce a 1 año para personas de origen iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes; a 2 años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal; a 5 años para refugiados y a 2 años para casados con español. Una vez solicitada, el expediente tarda entre 1 y 3 años en resolverse dependiendo de la delegación del gobierno y del volumen acumulado.

El residente que solicita la reagrupación debe tener al menos un año de residencia y autorización para trabajar, acreditar medios económicos suficientes y disponer de vivienda adecuada. Los familiares reagrupables son cónyuge o pareja de hecho registrada, hijos menores de 18 años o hijos mayores a cargo incapaces de sostenerse por sí mismos, y ascendientes en línea recta si dependen económicamente del reagrupante. Te asesoramos sobre la documentación y resolvemos posibles requerimientos.

Existen múltiples modalidades: residencia y trabajo por cuenta ajena o propia, residencia por circunstancias excepcionales (arraigo social, laboral, familiar, para víctimas de violencia de género, por razones humanitarias), residencia de larga duración, residencia no lucrativa, residencia para familiares de comunitarios y residencia para inversores. Cada una tiene sus propios requisitos y plazos. Te orientamos sobre la que mejor se adapta a tu situación.

Toda resolución administrativa tiene recurso. Frente a una denegación caben el recurso de reposición administrativo y, posteriormente, la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente. Es fundamental no agotar los plazos y actuar con rapidez. Estudiamos cada resolución, valoramos las posibilidades reales de éxito y, si procede, interponemos el recurso pertinente.

La ley no obliga a estar asistido de abogado para las solicitudes iniciales, pero el asesoramiento profesional multiplica las posibilidades de éxito, evita errores formales y minimiza las contingencias. Además, ante un silencio administrativo o una denegación, contar con un abogado que conozca tu expediente desde el principio es clave para reaccionar a tiempo.

Para personas con recursos económicos insuficientes, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se extiende también a procedimientos administrativos de extranjería. Te ayudamos a solicitarlo ante el Colegio de Abogados correspondiente si cumples los requisitos. Cuando no procede, te presentamos un presupuesto cerrado con todas las gestiones incluidas.